Cuando la negación es la prueba
- 1 febrero, 2026
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Hay negaciones que, lejos de disipar dudas, las confirman. Las recientes declaraciones del titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, en las que asegura que no existen presiones laborales ni instrucciones para que servidores públicos participen en proyectos electorales, pertenecen a esa categoría. No por lo que dicen, sino por el contexto en el que se dicen.
La afirmación llega justo después de que el diputado federal Raymundo Vázquez Conchas hiciera públicas acusaciones sobre presuntas presiones a trabajadores del gobierno estatal para respaldar un proyecto político específico: el del alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, quien busca posicionarse rumbo a la gubernatura. No se trata de un señalamiento marginal ni aislado; proviene de un legislador federal, expresado abiertamente y en un momento de alta sensibilidad política.
La respuesta oficial, sin embargo, no fue anunciar una investigación, ni deslindes internos, ni siquiera una revisión administrativa. Fue una negación plana, de manual, que parte de una premisa ingenua: que la burocracia puede hablar libremente.
La burocracia tlaxcalteca no lo dirá públicamente. No porque no exista el fenómeno, sino porque decirlo tiene costos. En los pasillos del gobierno estatal, en oficinas y dependencias, la realidad se percibe con mayor claridad que en los comunicados: sí existen presiones, sí hay insinuaciones, sí se empuja la participación en un proyecto político que no genera entusiasmo, precisamente porque es ajeno a las necesidades de la gente y representa a una élite política que se resiste a abandonar el poder.
No se trata de una novedad histórica. En Tlaxcala, la utilización del aparato gubernamental con fines políticos ha sido una práctica recurrente, aunque ahora se pretenda negar con un discurso de pulcritud administrativa. La diferencia es que hoy ocurre bajo las siglas de un movimiento que prometió erradicar esas conductas.
En ese contexto debe leerse también la reciente presunción de la dirigente estatal de Morena, Marcela González, sobre el supuesto crecimiento significativo del padrón de militantes, presentarlo como resultado de trabajo político orgánico resulta, cuando menos, poco creíble.
La experiencia tlaxcalteca ofrece precedentes claros. Alfonso Sánchez Anaya, cuando gobernó bajo las siglas del PRD, utilizó mecanismos similares: afiliaciones masivas impulsadas desde el poder, no desde la convicción. Hoy, la historia se repite con un agravante: el intento de heredar el poder, ahora para favorecer al vástago político, el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García.
En este contexto, Marcela González no juega un solo papel en Morena Tlaxcala. Juega dos, y ambos incompatibles con cualquier ética política mínima. Por un lado, funge como dirigente estatal del partido; por el otro, actúa como promotora política de su esposo, el alcalde capitalino. A ello se suma la operación de una red de comités seccionales que, lejos de fortalecer al partido, parecen funcionar como una estructura paralela al servicio de un proyecto personal y familiar.
No es una acusación ligera: es una observación política sustentada en hechos visibles, en dinámicas internas conocidas y en resultados que no corresponden al ánimo ciudadano.
Toda estrategia basada en la presión, el uso faccioso de estructuras y la negación sistemática de la realidad tiene un límite. Y ese límite llegará cuando en el ámbito nacional se decida mirar hacia abajo.
Tlaxcala ya está en el radar. Los movimientos son demasiado evidentes, las prácticas demasiado burdas para sostenerse indefinidamente. La inmoralidad política no suele ser eterna, aunque quienes la practican crean lo contrario.
Por eso, más que tranquilizar, las palabras del responsable de Comunicación Social revelan nerviosismo. Porque cuando un gobierno necesita negar con tanta insistencia lo que ocurre en su interior, es porque la realidad ya no cabe en el discurso. Y en política, como en la vida, cuando la negación se vuelve el argumento central, suele ser porque la verdad ya se hizo demasiado evidente.

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano.
Fue directora de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Chiautempan, se desempeñó como Corresponsal del Diario de México en diversos Estados de la República Mexicana; Reportera de la Coordinación General de Información y Relaciones Publicas del Gobierno del Estado. Fungió como jefa de Información en el Ayuntamiento de Tlaxcala, Vocera de la Dirección de Atención de Migrantes (DAM) e Instituto Estatal de la Mujer (IEM); además fue coordinadora de comunicación social en el ayuntamiento de Yauhquemehcan, y jefa de Información del Grupo Monitor Nacional; Actualmente es la Directora General de Tlaxcala Digital.









