Miriam Martínez denuncia fallas institucionales en caso de adolescente violentada

  • 10 marzo, 2026
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*La legisladora panista narró en tribuna el calvario de «Lupita», una joven de 17 años que durante seis días enfrentó indiferencia, burocracia y revictimización por parte de las instituciones encargadas de protegerla

Por: Ana Sánchez

A unos días de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la diputada Miriam Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN), subió a la tribuna del Congreso del Estado para narrar una historia que, según sus palabras, no es una estadística ni un número en un informe: es la historia de Lupita, una adolescente de 17 años que sobrevivió a un intento de feminicidio por parte de su pareja, pero no pudo escapar de la indiferencia institucional.

«Mientras algunos organizábamos eventos, nos tomábamos fotos, las instituciones encargadas de proteger a las mujeres de la violencia daban discursos. Muchas mujeres vivían violencia y lo más grave: indiferencia institucional», sentenció la legisladora durante su intervención .

De acuerdo con el testimonio leído por Martínez Sánchez, los hechos ocurrieron la noche del viernes 27 de febrero, cuando Lupita, una joven estudiante de 17 años con sueños, amigos y proyectos, fue agredida por su propio novio: «mientras discutían, él apretó su cuello con el dedo pulgar, y con la otra mano azotó su cabeza una y otra vez. Imaginen por un momento esa escena. Una joven de 17 años, luchando por respirar, luchando por vivir, luchando por salir con vida de un ataque que nunca debió ocurrir» .

Lo más indignante, señaló la diputada, es que «la violencia no terminó con el proceder de su agresor. La violencia continuó en el sistema». Al día siguiente de los hechos, Lupita acudió al Centro de Justicia para las Mujeres. Esperó seis horas sentada, con miedo, con dolor, con el cuerpo lastimado y el alma rota. Nadie la atendió .

Al tercer día, regresó. Pensó que ahora sí alguien escucharía su historia. Esperó ocho horas más. ¿Y qué recibió? «Un documento inútil. Un oficio dirigido a un director de una unidad médica que dejó el cargo hace tres años. Un papel que no servía para nada, bueno sí, para demostrar el tamaño de la burocracia que revictimiza a las mujeres en Tlaxcala» .

Hasta el cuarto día, Lupita llegó al Hospital del Sur. Ahí le dijeron: «No podemos atenderte, el oficio está mal». El documento que le entregó personal de la Casa de Justicia para Mujeres estaba dirigido a un director que ya no trabajaba ahí desde hacía tres años. «Imaginen el absurdo, lo estúpido de la situación. Una menor violentada, con lesiones, buscando ayuda y encontrando una puerta cerrada por un error administrativo» .

Desesperada, su familia la trasladó al Hospital General de Tlaxcala. Ahí, finalmente, un médico la revisó y solicitó la presencia del Ministerio Público. Pero en el quinto día, Lupita permaneció 24 horas completas en el hospital esperando al Ministerio Público. Nunca llegó. Su familia tuvo que trasladarse por su cuenta a la Mesa de Atención a Adolescentes en Apizaco. Fue hasta el sexto día cuando, por sus medios y con muchos miedos a cuestas, finalmente acudieron a la Casa de Justicia en Apizaco. Pero tampoco encontraron al abogado de oficio. La única «atención» que recibió Lupita fue una asesoría por teléfono .

«Seis días. Seis días de puertas cerradas. Seis días de espera. Seis días de burocracia. Seis días de revictimizar a una menor por un sistema que dice cuidar a las mujeres, pero que hace todo lo contrario», denunció la legisladora .

Martínez Sánchez contrastó esta realidad con la narrativa institucional: «Mientras eso ocurría, desde las tribunas y estrados oficiales se habló de protección a las mujeres, se presentaron estadísticas, se anunciaron programas, se organizaron eventos, se presumieron supuestos logros. Pero la realidad nos demuestra que una menor violentada es nuevamente mancillada por instituciones que no funcionan» .

Y lanzó una frase contundente: «La falta de respuesta institucional también es una forma de violencia» .

La diputada confesó que el caso le duele porque es mujer, porque es hija, porque es madre: «Me aterra pensar que esto podría pasarle a mi hija, que como Lupita, también tiene 17 años y muchos sueños por cumplir» .

En un mensaje dirigido particularmente a las autoridades encargadas de proteger a las mujeres, Martínez Sánchez enfatizó: «La sororidad no puede ser un discurso de ocasión. La sororidad se demuestra atendiendo, escuchando y actuando cuando una mujer pide ayuda. No basta con vestir de morado un edificio. No basta con hacer eventos bonitos para autoelogiarse. No basta con subir una fotografía el 8 de marzo. La verdadera sororidad se demuestra en la ventanilla, en la sala de espera, en la oficina donde una víctima llega buscando justicia» .

La denuncia de la diputada panista se da en un contexto donde, paradójicamente, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que hasta enero de 2026 no se había registrado ningún feminicidio en Tlaxcala, colocando a la entidad entre los once estados con cero casos en el primer mes del año .

Sin embargo, organizaciones civiles han señalado que estas cifras no reflejan la realidad. Edith Méndez, de la colectiva Mujer y Utopía AC, advirtió que en la entidad existe hasta un 98 por ciento de impunidad en los casos de feminicidio, los cuales «no se reportan como tales al Secretariado Ejecutivo. Muchos quedan como accidentes u homicidios y ya no se investiga nada» .

En los últimos tres años, la colectiva documentó entre 25 y 31 muertes violentas de mujeres en la entidad. Además, un análisis de la organización México Evalúa reveló que el municipio de San Lorenzo, en Tlaxcala, presenta la tasa más alta de feminicidio en el país, con 16.9 casos por cada 100 mil habitantes, diez puntos por arriba del segundo lugar .

Durante años, Tlaxcala ha sido considerado uno de los principales focos rojos de trata de personas en México con fines de explotación sexual. Méndez explicó que muchos casos ocurren contra mujeres de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Estado de México, cuyos cuerpos son localizados en Tlaxcala, «eso habla de una posible violencia de trata o el feminicidio como tal» .

Apenas el pasado 8 de marzo, cientos de mujeres marcharon en Tlaxcala para exigir justicia por feminicidios y desapariciones, denunciar la violencia machista y reclamar la omisión del gobierno estatal . Durante la movilización, colocaron vallas metálicas que fueron convertidas en muros de denuncia con fotografías y fichas contra deudores alimentarios, agresores y violentadores.

Hay que recordar que, en noviembre de 2025, la titular de la Secretaría de las Mujeres de Tlaxcala (SMET), Nydia Cano Rodríguez, anunció un aumento presupuestal del 54 por ciento para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de fortalecer los apoyos directos a las mujeres y convertir a Tlaxcala en la primera entidad del país en contar con una partida específica para peritajes antropológicos con perspectiva de género .

Sin embargo, el caso de Lupita evidencia la distancia entre los recursos asignados y la calidad de la atención en ventanilla. «La única atención que recibió Lupita fue una asesoría por teléfono», lamentó Martínez Sánchez .

Martínez Sánchez concluyó su intervención con un mensaje claro: «No queremos más Lupitas. No queremos más adolescentes que sobrevivan a un agresor para después tener que sobrevivir a la indiferencia del Estado. No queremos más mujeres que lleguen a lugares donde deberían sentirse seguras y encuentren burocracia, negligencia y puertas cerradas. Mientras algunos preparaban discursos para el 8 de marzo, la historia de Lupita nos recuerda que en Tlaxcala la deuda con las mujeres sigue abierta. Y que la justicia no puede esperar seis días» .