Propone diputada Aurora Villeda reformas para fortalecer combate a la violencia vicaria en Tlaxcala

  • 1 abril, 2026
  • 0

*La iniciativa busca armonizar la legislación local con el estándar federal de 2024, estableciendo como causal de pérdida de patria potestad el uso de hijas e hijos como instrumento de agresión contra las mujeres

Por: Ana Sánchez

En un esfuerzo por cerrar las brechas legales que permiten la impunidad en casos de violencia vicaria, la diputada María Aurora Villeda Temoltzin, representante del Partido Redes Sociales Progresistas, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil y al Código Penal del Estado de Tlaxcala.

Durante la exposición de motivos, la legisladora explicó que la violencia vicaria —término acuñado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro— se ejerce sobre hijas e hijos para herir a la mujer. “Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. El maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás”, señaló.

Villeda Temoltzin destacó que, aunque Tlaxcala fue pionero al reconocer este tipo de violencia en mayo de 2023, la redacción actual presenta “lagunas interpretativas que se convierten en refugios para los agresores”. Por ello, la iniciativa busca armonizar la legislación local con el estándar federal establecido en el decreto del 17 de enero de 2024, que ataca la violencia vicaria desde tres frentes: administrativo, familiar y punitivo.

La propuesta contempla tres ejes rectores fundamentales. En primer lugar, modifica la patria potestad para que el ejercicio de violencia vicaria sea causal directa de pérdida de este derecho, estableciendo en el Código Civil que el juez deberá modificar la patria potestad o custodia cuando la persona que la ejerce incurra en conductas de violencia familiar o violencia a través de interpósita persona.

En segundo lugar, garantiza la restitución inmediata de menores al núcleo materno cuando hayan sido separados mediante engaños o violencia. La iniciativa adiciona a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia órdenes de protección que permitan solicitar a la autoridad judicial la recuperación y entrega inmediata de hijas e hijos menores de 18 años que hayan sido sustraídos, retenidos u ocultados de forma ilícita.

En tercer lugar, establece la obligatoriedad institucional de valorar el testimonio de la madre bajo una perspectiva de género, blindándolas contra la violencia institucional al momento de denunciar.

La iniciativa detalla de manera puntual las conductas que constituyen violencia vicaria, entre las que se encuentran: amenazar con causar daño a las hijas e hijos; amenazar con ocultarlos, retenerlos o sustraerlos; utilizarlos para obtener información de la madre; promover actos de violencia física o psicológica de hijas e hijos en contra de la madre; interponer acciones legales con base en hechos falsos para obtener la guarda y custodia; y condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, entre otras formas análogas.

Asimismo, la reforma adiciona el artículo 23 Bis a la ley local, estableciendo que los poderes y niveles del Estado tienen la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar, desde una perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e hijos, incluso cuando se encuentren fuera del país.

En el ámbito penal, se reforma el artículo 372 Ter del Código Penal para precisar que el delito de violencia vicaria tiene como objeto causar un daño emocional, psicológico, patrimonial a la mujer o romper el vínculo filial parental entre ella y sus hijas e hijos, entendiendo este vínculo como el derecho de las personas menores de edad a relacionarse con sus ascendientes.

Los transitorios establecen que las autoridades competentes deberán adecuar sus reglamentos y protocolos en un plazo no mayor a 90 días, mientras que el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Sistema DIF Estatal deberán implementar programas de capacitación obligatoria en materia de violencia vicaria.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.