Las indagatorias se concluyeron en virtud de que la ausencia de los menores no estuvo relacionada con algún hecho delictivo.

 La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través del trabajo realizado por el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas permitió localizar en momentos diferentes  a cinco menores de edad reportados como extraviados, mismos que no fueron víctimas de ningún hecho delictivo. 

A través de las denuncias hechas a cargo de familiares de los menores en las instalaciones de la PGJE, se activaron los protocolos correspondientes para su localización. 

Con datos oficiales de la Policía de Investigación adscritos al Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas iniciaron las indagatorias para dar con el paradero de las personas. 

Así en todos los casos, los padres acompañados de cada una de los menores extraviados acudieron a la dependencia encargada de procurar justicia para aclarar que la desaparición de sus familiares fue por voluntad propia. 

En el primero de los casos, los menores de edad de iniciales M.E.V.H., C.A., y A.H.P., quienes fueron vistos por última vez el 17 de agosto del año en curso en el municipio de Apizaco, la madre de éstos declaró que salió con sus hijos para abandonar su domicilio por problemas personales con su cónyuge. 

En segunda instancia, la menor de iniciales A.A., quien fue vista por última vez en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi el 6 de octubre, afirmó que salió de su casa por problemas familiares. 

Mientras que en el caso de un recién nacido que fue visto por última vez el 3 de octubre en el municipio de Apetatitlán, el padre del menor aseguró que se llevó a su hijo por diferencias con su pareja sentimental. 

Por estos hechos, las indagatorias fueron concluidas por el Representante Social, ya que la ausencia de los menores agraviados no estuvo relacionada en un hecho violento, por lo que no existe delito que perseguir. 

La Procuraduría de Tlaxcala refrenda su compromiso dar seguimiento a cada una de las Carpetas de Investigación a efecto de garantizar que el regreso de las personas desaparecidas a sus hogares sea en el marco de la legalidad y apegado a derecho, garantizando así una correcta aplicación de los protocolos de búsqueda de personas.