Como el más comprometido con la transparencia y el resguardo de los datos personales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la máxima calificación, de 100%, entre los partidos políticos, después de verificar el cumplimiento de las obligaciones que establece en esa materia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con ello, el PRI se convierte en el partido más transparente de México.

En esta nueva etapa, la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, Presidente y Secretaria General, respectivamente, ratifica su compromiso con la cultura de la legalidad y la transparencia.

En el dictamen emitido por el INAI después de la verificación, se estableció que “el sujeto obligado denominado Partido Revolucionario Institucional cumplió con los requerimientos que se le formularon concernientes a sus obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas en la Ley General de Transparencia y/o Ley Federal de Transparencia, obteniendo un total de cien puntos porcentuales (100%) del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia”.

Así, se estableció que el PRI cumplió en su totalidad con el mandato de transparentar los datos presupuestales, administrativos y estructurales generados por el instituto político.

La verificación realizada por el INAI se basó en la información publicada por el PRI en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual los ciudadanos pueden acceder a la información de los sujetos obligados, como es el caso de los partidos políticos.

La Secretaría de Acceso a la Información, a través de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, expresó su reconocimiento al trabajo realizado por la Unidad de Transparencia del PRI y por los encargados de proporcionar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que imponen los ordenamientos jurídicos a los partidos políticos, así como por el nivel alcanzado en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.