Al término de sus funciones en el servicio público federal, las y los funcionarios que busquen integrarse a la iniciativa privada tendrán un impedimento legal de 10 años con el fin de evitar más casos de corrupción e influyentismo como los ocurridos desde la Comisión Federal de Electricidad.

      Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en diálogo con los medios, al señalar que el combate a la corrupción se encuentra vinculado con la transparencia en todos los ámbitos de la vida pública: “Para que la gente defienda que debe haber honestidad, lo primero es que estén informados”.

      En consecuencia, dijo que desde el Gobierno de México se mantiene la política de transparentar por completo las declaraciones patrimoniales de las y los servidores públicos:

      “Ya todos los servidores públicos de este gobierno han dado a conocer sus bienes y están a la vista de todos los mexicanos. Todos han cumplido con este compromiso. “Yo tengo que agradecerles mucho a todos los servidores públicos que por primera vez en la historia dan a conocer sus bienes, por primera vez en la historia de México se hace esto.”

      Recordó que la normatividad vigente no obliga a los funcionarios a transparentar su declaración de bienes. Sin embargo, por instrucciones del propio Ejecutivo deberán hacerlo si desean permanecer en el servicio público. Más aún:

      “Hay una iniciativa que enviamos, que está en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Austeridad Republicana en donde ya se establece que se transparenten los patrimonios. Entonces, antes de que se apruebe esa ley, y aprovecho para pedir a los legisladores que se atienda esta iniciativa, con todo respeto, antes de que se apruebe ya estamos cumpliendo.”

      En el mismo sentido, indicó que su administración tomará medidas para que no vuelvan a presentarse de quienes abusaron de su encargo público para saltar a empresas privadas del mismo ramo:

      “Lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan, chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso del sector energético.

      “Ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, que se pasaban a las empresas particulares. Ahora va a haber una veda de 10 años de acuerdo con la ley. Está ya también en la Ley de Austeridad.”

      La nueva política, señaló el mandatario, es “castigar los errores del pasado, pero lo más importante es prevenir los delitos del futuro”, por lo que “ofrezco disculpas por las molestias que esto ocasiona, pero para acabar con la corrupción hay que exponer estos casos.”

      En marcha, nueva ética pública de la Cuarta Transformación

      Durante su intervención, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señaló que la transparencia total es una de las prácticas más importantes en el combate a la corrupción.

      “Ninguno de los 19 miembros del gabinete están ya con ningún tipo de reserva al respecto de sus patrimonios y como una lección de compromiso cívico con el presidente de la República.”

      La secretaria Sandoval Ballesteros agregó que el mandato ético de transparencia total en la declaración de bienes patrimoniales aplica a partir del nivel de dirección de área y que incluye a titulares de las delegaciones federales en las entidades federativas.

      Ejecutivo envía cuatro ternas para encabezar la CRE

      Luego de señalar que los organismos autónomos no han sido ajenos a la corrupción y al influyentismo, el presidente López Obrador informó que el día de ayer envió al Senado de la República las ternas para nombrar a la persona titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE):

      1. Paola Elizabeth Chávez, Ángel Carrizales y Luis Linares.
      2. Norma Leticia Aragón, Anaya Mendívil y Alfonso López Alvarado.
      3. Raúl Morales, José Mario Silverio Galicia y José Alberto Celestino Isaac.
      4. Edmundo Sánchez Aguilar, Fernando Juárez y Guadalupe Escalante Benítez.

      “Procuré que fuesen 12 técnicos, porque eso es lo otro, resulta que los que estaban ni siquiera sabían de la materia, pertenecían a las empresas de manera directa o indirecta, todos ellos apoyadores de la llamada Reforma Energética y como premio les daban la posibilidad de ser consejeros.”