Por: Mtro. Juan Ignacio Temoltzin Carreto.

Hace pocos días aún se especulaba ¿quién sería la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? esto después de que el presidente de la Republica enviara una terna de mujeres, importante para buscar la equidad de género, todas con el perfil necesario y los requisitos legales indispensables para desempeñar el cargo.

En algún momento se pensó que quien podría ocupar el lugar vacío, que dejo la intempestiva y turbia salida del exministro Eduardo Medina Mora, sería la Doctora en Derecho Ana Laura Magaloni Kerpel, esto debido a que es quien tiene la trayectoria profesional y académica más amplia y seguramente la más idónea, trayectoria mayor a quien también fuera candidata la Maestra Diana Álvarez Maury, y cabe decir que el Doctorado de la ministra Margarita Ríos-Farjat es en Políticas Públicas y no en Derecho, lo cual hubiese sido lo ideal.

No obstante lo anterior, el Senado se pronunció por la ministra Ríos-Farjat, y no es que su perfil no sea adecuado, sino que existía un mejor perfil, no es que no pueda cubrir el cargo, sino es que existían también como candidatas dos expertas en Derecho Constitucional y una de ellas con una trayectoria académica y de investigación más amplia que la de la ministra Ríos-Farjat.

Sin embargo con lo que si cuenta la Ministra Ríos-Farjat, es con el apoyo de Alfonso Romo Garza jefe de la oficina de la Presidencia, cuyos vínculos con la actual Ministra devienen desde su natal Nuevo León, donde la Ministra estudió la Licenciatura en Derecho y cabe destacar que su Doctorado en Políticas Publicas es por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Institución estrechamente vinculada a Romo Garza, además que la ministra omitió decir que fue abogada externa de Vector Casa de Bolsa, empresa de Romo Garza.

Esperamos que la nueva ministra desempeñe diligentemente el cargo que le confió el Senado de la Republica y que lleva implícita también la confianza del presidente López Obrador y se desmarque de sus vínculos con el sector empresarial e intereses externos, que han estado muy ligados hasta ahora a Alfonso Romo Garza.

Quien desempeña un cargo en administración de justicia, en procuración de justicia o en seguridad pública, debe brindar, entre otras cosas, objetividad, imparcialidad, legitimidad, honestidad y confianza, de lo contrario pueden darse sucesos como el caso de Genaro García Luna, a quien se le detuvo y se le vincula con actos de corrupción estrechamente ligados con el narcotráfico y en específico con el cartel de Sinaloa y Joaquín Guzmán Loera “el chapo”.

Esta detención e investigación que se sigue en contra de García Luna, en los Estados Unidos de Norte América, deja un rastro directo en tres administraciones, la de Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, muy grave sin duda, sobre todo porque muchos quienes estuvieron bajo su mando han continuado hasta los tiempos de la llamada cuarta transformación.

Entre otros, se dice que hubo vínculos laborales con al actual Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la CDMX Omar Hamid García Harfuch y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Republica Alfonso Durazo Montaño, lo que nos genera incertidumbre porque son los que tienen en sus manos la seguridad, uno de la Ciudad de México y otro de nuestro País; aunque también hay rumores de vínculos con la esposa del Director General de Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett .

Esta incertidumbre se acentúa cuando nos damos cuenta de que los encargados de la seguridad pública fallaron en el operativo en Culiacán en el que se dejó ir a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera “el chapo”, uno de los líderes del cartel de Sinaloa, el cual está estrechamente vinculado con la detención e Investigación que se sigue en contra de Genaro García Luna en el país vecino.

Pero esa incertidumbre no tiene mucho eco, ya que nuestro presidente López Obrador declaró que él no va a investigar a García Luna, por tanto este caso no va a repercutir ni en los tres sexenios anteriores, ni en el actual, por lo que su detención no generará consecuencia alguna en México, al parecer.