Presenta diputada Laura Yamili Flores iniciativa para sancionar a servidores públicos que usurpen atribuciones

  • 12 marzo, 2026
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*La propuesta busca adicionar el artículo 152 Bis al Código Penal del Estado para castigar con hasta 11 años de prisión a funcionarios que ejerzan funciones no conferidas legalmente

Por: Ana Sánchez

Con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, la diputada Laura Yamili Flores Lozano, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la sexagésima quinta Legislatura, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 152 Bis al Código Penal del Estado de Tlaxcala, a fin de sancionar penalmente a los servidores públicos que ejerzan atribuciones que no tengan legalmente conferidas.

Durante la exposición de motivos, la legisladora destacó que el principio de seguridad jurídica, reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, establece que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les faculta expresamente, sin embargo, advirtió que en la entidad «el propio sistema legal está propiciando la arbitrariedad y abuso en la actuación de algunos funcionarios públicos», al no existir actualmente un tipo penal que sancione específicamente la usurpación de atribuciones por parte de servidores públicos estatales y municipales.

Flores Lozano explicó que, si bien el Código Penal local ya contempla el delito de usurpación de funciones públicas en su artículo 171, este se encuentra dirigido únicamente a particulares que se atribuyen el carácter de servidores públicos. «Inexplicablemente, al Congreso de Tlaxcala se le olvidó establecer el mismo delito, pero dirigido a los propios servidores públicos que ejercen atribuciones que no tienen conferidas», señaló.

La iniciativa propone adicionar el artículo 152 Bis, el cual establecería penas de cinco a once años de prisión y multas de doscientas a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para aquellos funcionarios que ejerzan atribuciones no conferidas expresamente, o que se valgan de las que tienen para realizar actos arbitrarios o causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Como ejemplos de conductas que quedarían tipificadas, la diputada mencionó casos cotidianos como policías municipales que infraccionan en vías de jurisdicción estatal o federal, ministerios públicos del fuero común que conocen asuntos de competencia federal, ayuntamientos que suspenden a sus propios miembros sin facultades para ello, o autoridades fiscalizadoras que auditan recursos de procedencia federal sin atribuciones legales.

«Las anteriores conductas ilícitas son sólo un pequeño ejemplo de lo que día tras día tienen que enfrentar y sufrir los ciudadanos tlaxcaltecas de a pie, y que a pesar de su ilicitud, dichas conductas quedan en total impunidad porque actualmente no existe un delito que las sancione», enfatizó.

La legisladora subrayó que el bien jurídicamente tutelado por esta propuesta es el correcto funcionamiento de la administración pública y la seguridad jurídica de las personas frente al Estado, recordando que, de acuerdo con datos del INEGI, sólo un diez por ciento de la población confía en las instituciones de procuración y administración de justicia.

La iniciativa, turnada para su análisis y dictaminación, propone también que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, derogando todas las disposiciones legales que se opongan a su contenido.