La diputada Laura Yamili Flores presentó un proyecto de acuerdo que fue aprobado por el Pleno para exigir justicia pronta en casos de violencia política de género, particularmente el de la síndica Chantal Cortés

Por: Ana Sánchez

En sesión ordinaria celebrada este jueves, el Congreso del Estado aprobó un proyecto de acuerdo presentado por la diputada Laura Yamili Flores Lozano, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante el cual se condena la violencia política contra las mujeres en razón de género y se exhorta a diversas autoridades a prevenirla, sancionarla y garantizar el cumplimiento del principio sustantivo de paridad.

La iniciativa, que fue considerada de urgente resolución debido a la proximidad del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, hace un llamado particular a las autoridades competentes para resolver con prontitud los expedientes relativos a violencia política, especialmente el que actualmente se instruye derivado del caso de la síndica del municipio de Santa Catarina Ayometla, Chantal Cortés Díaz.

Durante la exposición de motivos, la legisladora recordó los avances legislativos en materia de igualdad sustantiva en México, desde las primeras cuotas de género en 1996 hasta la implementación constitucional de la paridad en 2024. Sin embargo, advirtió que «a pesar de esos avances en la normatividad para incidir en el cambio legal y cultural, se siguen manteniendo formas discriminatorias y de violencia política en contra de las mujeres que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos».

Flores Lozano señaló que, de acuerdo con el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, entre 2021 y 2025 hubo poco más de 30 denuncias, pero sólo dos han procedido, ambas por violencia a través de medios digitales, lo que evidencia un alto nivel de impunidad.

En el caso concreto de la síndica de Ayometla, la diputada detalló que ha sufrido hostigamiento por parte del presidente municipal y personal del ayuntamiento por no apoyar la gestión del edil, no validar la cuenta pública y exigir el pago de prestaciones de fin de año de trabajadores. Como respuesta al ejercicio de sus funciones, «se le ha impedido el acceso a sus oficinas y se le ha destituido de manera ilegal, asumiendo quienes votaron a favor de esa destitución, funciones que constitucionalmente no les corresponden», pues dicha atribución corresponde exclusivamente al Congreso local mediante proceso legal.

El acuerdo aprobado exhorta al Tribunal Electoral de Tlaxcala, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Centro de Justicia para Mujeres a atender de manera pronta y oportuna las denuncias presentadas por la síndica, garantizando sus derechos político-electorales y su integridad física y la de sus familiares. También llama a los 60 ayuntamientos a respetar el ejercicio del cargo de presidentas municipales, síndicas y regidoras, cesando cualquier tipo de hostigamiento o violencia.

Finalmente, el Congreso exhortó a los partidos políticos y a las autoridades electorales a cumplir irrestrictamente con la paridad sustantiva durante el próximo proceso electoral, removiendo cualquier obstáculo que impida a las mujeres ejercer plenamente sus derechos político-electorales.